Una Constitución para Andalucía

Ciudad de Antequera

 

Emilio Ciprés – Crónicas con Solera

Andalucía es soberana y autónoma, se organiza en una democracia republicana representativa y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior. Así comenzaba el primer artículo del Proyecto de la Constitución Federal Regional para Andalucía, también denominada Constitución de Antequera de 1883. Este texto, aunque poco conocido, es esencial para comprender el andalucismo histórico en el que se inspirarán autores tan esenciales para dicho movimiento político como Blas Infante.

El documento fue aprobado en Antequera y fue un intento por dotar a Andalucía de un estado independiente que se integraría voluntariamente, a través de un pacto, en una confederación hispánica. Este propósito, fruto de la Revolución de 1868, es conocido por aspirar a unos adelantos democráticos y unos logros sociales verdaderamente avanzados para su época.

Está planteada en un conjunto de tres proyectos constitucionales: uno para el municipio, otro para el cantón y un tercero para la federación andaluza. Todos abordan los mismos aspectos pero a diferente escala y formando una pirámide pensada desde la base para salvaguardar la autonomía humana como principio esencial del proyecto. Para este texto constitucional, el sistema se concibe a través de las personas libres, que conforman voluntariamente «municipios». Estos «municipios» acaban formando, a través de un pacto voluntario, un cantón y la unión de los diferentes cantones crea, libremente, la «federación». Por tanto, la Constitución se sustenta bajo los principios finales del confederalismo, el comunalismo y el municipalismo. Este último será, a lo largo del texto, la salvaguarda de la libertad y la democracia. Es la primera Constitución europea que le da al municipio el papel de núcleo y elemento determinante y dinamizador de todo el sistema político.

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El municipio es considerado por los confederalistas andaluces como el ámbito idóneo para salvaguardar la garantía de libertad de los ciudadanos. Manteniéndose en toda esta estructura la idea por la cual el poder jamás puede dañar la ya nombrada «autonomía humana»:

«Art. 10: Ni el pueblo soberano constituido en Municipio, ni los Municipios aliados en Cantón, ni los Cantones federados regionalmente podrán cohibir, mermar o lesionar bajo pretexto alguno la Autonomía humana».

Además de los ya citados anteriormente, sus principios se agrupan en torno al antipresidencialismo, el antiparlamentarismo y el unicameralismo. El poder legislativo, a este respecto, recaería en un Congreso de Representantes, integrados por diputados elegidos por sufragio universal y, por otra parte, por miembros elegidos por las centrales sindicales. El poder ejecutivo es asumido por un Consejo Federal, rotativo, que elimina la figura del presidente. El poder judicial obtendría su independencia a través de diferentes mecanismos y se estudia, en otra línea, la creación de un ejército basado en un esquema de milicias populares. El laicismo sería otra de las grandes singularidades, muy presente a lo largo del documento, sumándose así a garantías sociales tan ejemplares como la educación gratuita y obligatoria para ambos sexos. La educación es además valedora de derechos tan fundamentales y progresistas como el de la dignidad de la vida, el derecho al trabajo, la libertad de enseñanza, expresión y culto, la igualdad de clases ante la ley, la independencia de la mujer o la colectivización de la tierra.

«Art. 14. Se reconoce la independencia civil y social de la mujer. Toda subordinación que para ella establezcan las leyes, queda derogada desde la mayoría de edad».

Este proyecto plantea la más completa formalización de los preceptos políticos de pensadores como Proudhon y Pi i Margall configurándose como una alternativa al sistema político vigente durante la Restauración Borbónica. Esta se caracterizaba por su clasismo liberal, que llevó a la clandestinidad al movimiento obrero, y por ser testigo de la culminación de la desindustrialización andaluza. A través de este proyecto, se buscaba alcanzar una mayor libertad política, modernización económica y progresismo social para Andalucía.

El documento influiría profundamente en la obra de Blas Infante y en el andalucismo de principios del siglo XX. Así se constata en la Asamblea de Ronda de 1918 cuando se declara a Andalucía como patria y se debate en torno al texto constitucional para establecer las bases de este proyecto regionalista. El federalismo de Infante beberá directamente de la citada Constitución de Antequera así como de los postulados de Pi i Margall sobre el régimen federativo. Además, el confederalismo ibérico ejercerá, en el pensamiento de Infante, como integrador de las comunidades hispanas, unas comunidades que, hay que recordar, se encontraban supeditadas al más alto concepto para el Padre de la Patria Andaluza: el de la Humanidad.

Bibliografía

Acosta Sánchez, José (1978). Andalucía. Reconstrucción de una identidad y la lucha contra el centralismo. Barcelona. Anagrama.

Acosta Sánchez, José (1983). La Constitución de Antequera. Estudio Teórico- Crítico. Democracia, Federalismo y Andalucismo en la España Contemporánea. Dos Hermanas (Sevilla). Fundación Blas Infante.

Vergara Varela, Jesús Pedro (2005, 29 y 30 de septiembre). «La Constitución de Antequera de 1883: Piedra Angular del Andalucismo Contemporáneo». En XIIº Congreso sobre el Andalucismo Histórico. Carmona.

Lacomba, Juan Antonio (2006). Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad. Almuzara.

Lacomba, Juan Antonio (Coord.) (2001). Historia de Andalucía. Málaga. Ágora.

Pérez Trujillano, Rubén (2015). Contrato social y género en el constitucionalismo republicano (1873-1883): especial referencia al caso andaluz. Revista Internacional de Pensamiento Político- I Época- 10.

 

Este artículo fue publicado originalmente en lavozdelsur.es

Redacción de la Revista La Andalucía

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